La palabra accesibilidad está en boga. Es moderna y versátil. Se ha ido instalando confortablemente en el acervo popular por su carácter transversal, reivindicativo, hasta convertirse en un recurso retórico, a veces en un latiguillo de buen tono en el discurso de administraciones, instituciones, empresas y entidades gobernadas por valores de responsabilidad social. Pero, ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de accesibilidad, de acceso universal? ¿A qué compromete?
La accesibilidad universal, es decir la disponibilidad a tiempo real de productos y servicios concebidos y diseñados para todos los usuarios y consumidores en cualquier etapa de su vida es una premisa principal de la tan invocada igualdad de oportunidades, la llave maestra de la no discriminación que abre la puerta a todo derecho ciudadano.
En este sentido, a pesar de la adhesión temprana de España a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad (2003) y de la profusión de normativas aprobadas las últimas décadas, el panorama tiene mucho margen de mejora. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, enfermedad mental o enfermedades raras saben bien que hablar de accesibilidad hoy por hoy es una utopía en muchas facetas de su vida diaria: millones de personas tropiezan a diario con insalvables barreras en el entorno físico, en el transporte, en el mundo de la información y las comunicaciones; pero también con otras menos visibles, como en el acceso a la formación y al empleo; a los bienes culturales, de ocio y tiempo libre, en el acceso y uso de los sistemas y las nuevas tecnologías de la información, en la atención sociosanitaria, en la contratación de seguros. Este etcétera es la elipsis de un largo listado de barreras cuya enumeración es ociosa.
Los grupos parlamentarios y el legislador saben bien que el diseño para todos es la tuneladora por donde pasarán las vías de una sociedad de ciudadanos de derecho, dueños de su propia vida, con autonomía e independencia. Sin embargo, a pesar de la incesante acción promovida desde Fundación ONCE y el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, agrupado en el CERMI, a pesar del diálogo civil y de las políticas de los últimos años, la realidad demuestra que en España todavía nos hallamos lejos de los pretendidos estándares de acceso universal a los que aspiraba la veterana LISMI, de 1982.
Unos principios que también recoge y amplía la ambiciosa Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), de 2003, y complementa la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades en 2007, sin menoscabo de la batería de órdenes, reales decretos y desarrollos reglamentarios y leyes de ámbito autonómico en materia de accesibilidad. No hay duda de que el papel lo aguanta todo. Siempre se ha dicho. Luego la realidad se ocupa de aguar la fiesta, de tirar por tierra tan buenos deseos, de desmentir los plazos de ejecución y la entrada en vigor de las reformas en materia de urbanismo contenidos en el inconmensurable corpus normativo nacional y autonómico sobre el particular.
Esta débil voluntad política de obligar a cumplir los preceptos legales en materia de acceso universal no es para echarla en saco roto, porque la sutil discriminación que representa impedir el ‘acceso a’ tiene consecuencias nefastas para las personas con discapacidades. Para empezar, la carencia del diseño de una verdadera política de educación inclusiva penaliza a los alumnos con necesidades educativas especiales castigándolos a una formación segregada y de menor calidad. Si a ello se suma que el sistema educativo no cuenta con los recursos que requiere y la formación del profesorado es inadecuada, es comprensible el lastre que arrastran desde edades tempranas los alumnos con discapacidades. Una discriminación que justificaría el elevado abandono escolar que tradicionalmente presenta ese sector social. En este desestimiento de los estudios está al cabo el origen de la falta de oportunidades laborales que en la edad adulta encuentran las personas con discapacidad que, como recogen las estadísticas, duplican la tasa de desempleo del resto de la población en edad laboral. Es una prueba de cargo contra la falta de principios de accesibilidad universal, de la que toda la sociedad en su conjunto es responsable.
No es posible invocar el derecho fundamental a la educación si una condición previa imprescindible como es el acceso universal a los centros educativos o la deambulación en ellos están minados de barreras físicas. Como tampoco si se interponen barreras de comunicación y los alumnos con discapacidades se ven privados de profesores de apoyo, intérpretes de lengua de signos, de subtitulación, de material formativo adaptado; si el profesorado no está familiarizado o formado para atender las necesidades educativas de todos los alumnos, con o sin discapacidad. De la misma manera, se queda en un desideratum toda iniciativa para estimular a las personas en riesgo de exclusión al empleo de las nuevas tecnologías, a reducir la temida brecha digital, sin que ser aplicados principios de diseño universal en las NTI (nuevas tecnologías de la información) y muy especialmente en las redes sociales, un mundo dinámico de oportunidades vedado casi por completo a las personas con discapacidad, como así ha denunciado Technosite en un reciente informe.
Contar con productos y servicios accesibles es hacer realidad la igualdad de oportunidades. Una apuesta de futuro y la mejor política contra la exclusión social con la que toda la sociedad en definitiva sale ganando.
Antonio Almoguera, periodista de acción social
